RESUMEN Es particular que en nuestro país no es un juez imparcial e independiente quien cotidianamente decide de fondo las causas que tienen que ver con los infantes y sus familias. Quien les pondera y afecta aquí sus privilegios fundamentales[1] es un funcionario administrativo, dependiente del gobierno y por ende parcializado. La participación por parte de los jueces que plantea el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), es prácticamente decorativa: 20 días