RESUMEN Es particular que en Colombia no es un juez imparcial e independiente quien cotidianamente decide de fondo los procesos de restablecimiento de derechos de los niños (PARD) y sus familias. Quien les pondera y afecta derechos fundamentales[1] es un funcionario administrativo, dependiente del gobierno y por ende parcializado. La participación por parte de los jueces que plantea el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), es prácticamente decorativa: 20 dí